Felipe Mugas, secretario de Gobierno Municipal, informó que 25 cabecillas o jefes de patio de la Permanente Central, serán trasladados a la Cárcel Judicial y a ‘La Tramacúa’ en las próximas horas, mientras que el resto de los reclusos serán devueltos a ese centro de reclusión, luego de realizar algunas adecuaciones y se garantice el respeto a sus derechos.
Se están haciendo las reparaciones de las paredes dañadas por los reclusos durante el amotinamiento del pasado domingo y la Oficina de Gestión del Riesgo levantó un informe sobre los daños causados a viviendas aledañas al centro de reclusión, los cuales serán asumidos por la Administración Municipal.
José Hernández, defensor del Pueblo en el Cesar, reiteró que hubo un intento de fuga de los privados de la libertad en la Permanente Central, de allí el amotinamiento registrado el pasado domingo. “Se constató que no hubo lesionados en el procedimiento, hay algunos internos enfermos y agredidos por otros compañeros a raíz de las disputas y riñas existentes entre ellos”.
PROCURADURÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN
Recientemente la Procuraduría abrió una investigación contra el alcalde de la capital del Cesar, Mello Castro González, luego de evidenciar un hacinamiento del 930 % en la Estación de Policía La Permanente, donde se encontraron 558 PPL pese a que las instalaciones solo tienen cupo para 60 personas.
Además, no cuentan con un lugar adecuado para recibir visitas y los agentes deben prestar sus celulares y planes de datos para que los detenidos puedan conectarse a sus audiencias judiciales.
Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a los mandatarios locales relacionar las medidas adoptadas desde que asumieron el cargo, si se han realizado mesas de trabajo para abordar esa problemática, así como señalar los compromisos adquiridos y el grado de cumplimiento.
Con la apertura de las investigaciones, la Procuraduría busca establecer si en el periodo constitucional de los citados mandatarios se ha dado cumplimiento a las obligaciones legales que tienen esos entes territoriales, específicamente las de crear, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles o centros de detención preventiva, mediante la asignación de recursos, entre otros.
La Personería de Valledupar, en cabeza de Silvio Cuello, presentó una acción de tutela para acelerar el traslado de los privados de la libertad en la Permanente Central de Policía a quienes según la denuncia se les han vulnerado sus derechos por el hacinamiento que padecen.
El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar falló, en primera instancia, a favor de la Personería Municipal de Valledupar la Acción de Tutela presentada por el representante del Ministerio Público y se ordena a la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para el mes de agosto del año 2022, en un término de quince (15) días debía actuar administrativamente al traslado de las personas privadas de la libertad en la Permanente Central de Policía hasta un centro carcelario que no tenga hacinamiento.
