En Colombia está establecido constitucionalmente que es el Estado Colombiano quien debe tener el monopolio y control de las armas. Esa premisa está amparada en el artículo 223 de la carta magna y también se refiere al principio de exclusividad del uso de la fuerza. En nuestro juicio. Eso suena bonito, El deterioro del orden público es exponencial, y los ciudadanos de bien, profesionales, comerciante, empresarios, periodistas, ejecutivos, amas de casa y estudiantes, están sometidos al imperio impuesto por la delincuencia sin tener la protección del monopolio de esas armas.
El propio Estado incumple su obligación también constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y como si fuera poco le prohíbe implícitamente defenderse prohibiéndole el uso de las armas. La extorsión que sale de las propias cárceles campea y tiene arruinados a los tenderos y comerciantes en general. El congreso y el actual gobierno deberían ser pragmáticos y consecuentes con la realidad que se está viviendo y permitirles a algunos sectores, objetivos de la delincuencia común y organizada, el uso y porte de armas. Seguro que solo lo harán para defenderse. Esto, debería pasar por un filtro no muy difícil de controlar.
