Los exministros fueron imputados por tres cargos en el escándalo, ahora ampliado a Invías. Fiscalía pidió detención domiciliaria para ambos.
El trámite de las reformas pensional y de salud en el Congreso, banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue impulsado por los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla a través del ofrecimiento y la entrega ilegal, en algunos casos, de millonarios contratos en la UNGRD y en Invías.
Eso fue lo que sostuvo el lunes la fiscalía de Luz Adriana Camargo en la audiencia en la que imputó tres cargos contra los antiguos alfiles del presidente y pidió que sean enviados a casa por cárcel. El veredicto del Tribunal de Bogotá de si los priva de su libertad se dará el 18 de diciembre, tres días después de que los abogados defensores expongan por qué sus clientes deben defenderse sin restricción alguna.
La Fiscalía los sindica de haber cometido tres delitos por los que, de ser vencidos en juicio, podrían pagar hasta 10 años de prisión: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Bonilla, un reconocido académico económico que fue el segundo ministro de Hacienda de esta administración, y Velasco, un curtido político de origen liberal que fue el segundo ministro del Interior, se declararon inocentes.