El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó el denominado “Libro de la Verdad”, un documento en el que expone su diagnóstico sobre la administración de Gustavo Petro y señala presuntas fallas administrativas, fiscales y de gestión en diferentes sectores del Estado. El informe ya fue remitido a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para su revisión.
Según el documento, el anterior gobierno habría dejado nueve grandes problemas, entre ellos deterioro técnico, fallas tecnológicas, falta de transparencia en la información, parálisis operativa, concentración contractual, aumento del riesgo de demandas, pérdida de control territorial frente a estructuras criminales, fragmentación institucional y restricciones fiscales.
Uno de los sectores más cuestionados es Salud. El informe señala que tres de cada ocho afiliados permanecen en EPS intervenidas y que, pese a varios años de intervención, no se habrían evidenciado mejoras estructurales en su situación financiera y operativa. También reporta más de 1,5 millones de quejas y reclamos entre 2022 y 2026, incluidos cientos de miles relacionados con la falta de entrega de medicamentos.
El documento también advierte un fuerte crecimiento de las deudas del sistema de salud, que habrían pasado de $15,24 billones a $40,20 billones, mientras cuestiona la ejecución de recursos destinados a infraestructura hospitalaria y Equipos Básicos en Salud.
En Defensa, el nuevo Gobierno asegura haber encontrado un deterioro de la capacidad operacional. El informe menciona un déficit presupuestal de $14 billones para el Ejército en 2026 y dificultades de disponibilidad en helicópteros y aeronaves de la Fuerza Aeroespacial. También señala un déficit de $1,7 billones en gastos de personal de la Policía.
El sistema penitenciario aparece igualmente entre las principales preocupaciones. El balance indica que el hacinamiento alcanza el 28,01 % en las cárceles y el 95,5 % en centros transitorios, mientras el 41,4 % de los privados de la libertad dormiría en el piso por falta de camastros. Además, se reportan cuestionamientos a contratos y obras de infraestructura carcelaria.
En el servicio exterior, el Gobierno cuestiona la expansión de la red diplomática sin suficiente respaldo financiero. Según el informe, el Fondo Rotatorio enfrenta un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026, situación que podría afectar la operación de embajadas y consulados.
La política de tierras también fue objeto de fuertes críticas. El balance sostiene que de las 351.463 hectáreas entregadas mediante el Fondo de Tierras, solo 98.148 tendrían registro pleno, mientras más de 206.000 permanecerían en condición provisional. Además, cuestiona la adquisición de 537 predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras, debido a que, según el documento, apenas tres contaban con escritura registrada a favor de la Nación al cierre del periodo evaluado.
El Gobierno de De La Espriella sostiene que estas cifras reflejan una brecha entre los anuncios de la anterior administración y los resultados concretos. El informe concluye que la recuperación institucional deberá centrarse en resultados verificables, especialmente en servicios públicos, seguridad, justicia, salud y desarrollo rural.