Luis Alberto Monsalvo Gnecco, dos veces gobernador del Cesar, se pronunció sobre el proceso que la Corte Suprema de Justicia lleva en su contra, por hechos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Respetando la justicia, él hace referencia a los hechos en cuestión.
“He respetado siempre, y seguiré respetando, las decisiones judiciales. Pero no puedo guardar silencio cuando una condena se edifica sobre una confusión técnica que termina por convertirse en una injusticia”, asegura el exgobernador Monsalvo Gnecco.
De la misma forma sostuvo: “En este proceso se han tratado estimaciones económicas como si fueran hechos consumados, y obligaciones fiscales como si fueran apropiaciones indebidas, desdibujando por completo la realidad técnica de la gestión pública”.
Luis Alberto Monsalvo Gnecco explicó: “El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no es un resultado, sino una proyección ex ante, que solo puede evaluarse a la luz del dato real ex post. Y en el año 2015 ese dato fue notoriamente superior al estimado utilizado, lo que demuestra que no existió sobrecosto alguno, sino una planeación prudente que incluso quedó por debajo del comportamiento real de los precios”.
También aseguró Monsalvo Gnecco: «De igual manera, tributos como el ICA y las estampillas no son decisiones discrecionales, ni márgenes de maniobra personal, sino obligaciones legales ineludibles, cuya exclusión de la estructura de costos rompe el equilibrio contractual y desconoce el marco normativo vigente».
La defensa jurídica del exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco dice tener el suficiente argumento para demostrar que es inocente de los cargos imputados. «No hablo desde la emoción ni desde la evasión de responsabilidades. Hablo desde la técnica, desde la experiencia y desde la convicción profunda de quien sabe que un error de interpretación económica no puede transformarse en una condena penal», afirma el exmandatario.
A manera de conclusión, Luis Alberto Monsalvo Gnecco recalcó: «Confío en que estos aspectos, estrictamente económicos y contables, sean examinados con la profundidad y el rigor que la justicia exige, en los escenarios institucionales llamados a corregir lo que hoy constituye una grave distorsión de la realidad».