El periodista Daniel Coronell, denuncia y explica en su columna de la revista Cambio la pobreza a la que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha sometido a la empresa con la complicidad de algunos miembros de la junta directiva
Por Daniel Coronell
La junta directiva de Ecopetrol es un convidado de piedra ante las acciones del presidente de la entidad. Ni los pobres resultados financieros, ni los sucesivos escándalos de Ricardo Roa, ni las conductas para ocultarlos, impresionan al directorio que teóricamente es el máximo órgano de administración de la empresa. Al contrario, la junta de la principal empresa del país procede como si fuera subalterna del gerente.
A pesar de que más del 88 por ciento de Ecopetrol pertenece a los contribuyentes colombianos, la empresa se maneja con régimen privado. La “privatización” que quería mejorar la competitividad de la petrolera terminó convirtiéndose en un pretexto para la opacidad. La falta de transparencia se volvió la norma.
Por ejemplo, los motivos de la junta para nombrar a Roa como presidente siguen siendo un misterio, más de dos años después de su designación.
Desde antes que el anterior presidente Felipe Bayón anunciara, en enero de 2023, que se retiraría en marzo, empezó a sonar el nombre de Ricardo Roa como el favorito del presidente Gustavo Petro para sucederlo. La eventual designación de Roa era un secreto a voces, meses atrás, cuando se hicieron tensas las relaciones de Bayón con la entonces ministra de minas Irene Vélez.
Desde luego, el jefe de Estado puede tener candidatos para dirigir la empresa –que producía hasta hace poco el 10 por ciento del presupuesto del país– pero los estatutos de la compañía y su régimen legal, ordenan que el presidente de Ecopetrol S.A. debe ser nombrado por la junta directiva.
No hubo independencia. Para tapar su desnudez, los miembros de aquella junta directiva de Ecopetrol decidieron acudir a la hoja de parra de una empresa cazatalentos. El headhunter escogido fue la empresa estadounidense Heidrich & Struggles. Por una portentosa coincidencia, los cazatalentos concluyeron que no había mejor candidato en el mundo para ocupar la presidencia de Ecopetrol que Ricardo Roa, el preferido del presidente de la República.
La decisión fue divulgada a través de un comunicado que dice “La designación tuvo lugar después de un riguroso análisis de los candidatos propuestos, de conformidad con la Política de Sucesión del Presidente de Ecopetrol S.A. y demás normativa aplicable”.
La junta jamás quiso revelar la identidad de los otros entrevistados, ni los criterios que la llevaron a escoger al señor Roa por encima de todos ellos, a pesar de que, dos meses antes de la designación, existían cuestionamientos públicos sobre los manejos que le había dado a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro.
Poco después, la Unidad Investigativa del diario El Tiempo reveló que cuatro meses antes de posesionarse, pero cuando ya su designación se daba como un hecho, Roa compró un lujoso apartamento, a precio de ganga, a una empresa llamada Princeton International, establecida en un paraíso fiscal y controlada por el magnate de los hidocarburos Serafino Iacono.
Los documentos demuestran que la compañía de Iacono recibió los pagos por la venta del apartamento de una empresa llamada Innova, perteneciente al coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera, quien empezó ofreciendo servicios de seguridad a Pacific Rubiales —otra empresa de Iacono —, con tan buena suerte que se convirtió en multimillonario empresario del sector de hidrocarburos. Algunos de esos pagos tuvieron lugar, incluso cuando Roa ya vivía en el apartamento y ya era presidente de Ecopetrol.
La Silla Vacía y la Unidad Investigativa de Caracol comprobaron que Ecopetrol, a través de su filial Hocol, hizo movimientos para entregarle el proyecto de regasificación Campo Guajira a la empresa Gaxi, fundada por el coronel Juan Guillermo Mancera. El mismo dueño de la compañía que pagó el lujoso apartamento de Roa estaba listo para que le adjudicaran un contrato que dejaría 600 millones anuales de utilidades.
Como Ecopetrol cotiza en la bolsa de Nueva York y está sujeta al control de la comisión de valores de Estados Unidos, SEC, la junta directiva decidió ordenar una investigación independiente a la firma legal estadounidense Covington & Burling LLP para evaluar los riesgos reputacionales por los negocios de Ricardo Roa.
El ímpetu les duró poco. En febrero de este año, la propia junta ordenó suspender las labores de investigación a los abogados estadounidenses. Argumentaron que un otrosí al contrato con Covington no había sido consultado con ellos, a pesar de que el oficial de cumplimiento tenía atribuciones para firmarlo.
La investigación quedó en veremos. En cambio, al oficial de cumplimiento, el abogado Alberto Vergara, lo removieron de sus funciones, lo asignaron a tareas menores y, esta semana, le ofrecieron acogerse a un programa de retiro voluntario. El próximo viernes será su último día en Ecopetrol después de 25 años de servicio.
La junta de bolsillo del presidente Ricardo Roa volvió a aprobar, con su silencio, esta decisión.