Por primera vez desde que se conoció el billonario negocio para adquirir 17 aviones de combate Gripen E/F, en noviembre de 2025, un recurso jurídico apunta directamente a frenar su ejecución del contrato con la empresa sueca Saab. Una acción popular fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con una petición de fondo: suspender los desembolsos, giros y demás movimientos presupuestales asociados a la operación mientras el Gobierno acredita públicamente cómo será financiada y cuál será su costo financiero total.
La demanda fue interpuesta por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, la Presidencia de la República y el Dapre, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. El recurso busca la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
Se trata de la primera acción judicial que se conoce contra la ejecución del contrato, una operación que, según consta en la propia demanda a partir de una respuesta oficial de la FAC, asciende a 3.135,5 millones de euros. El documento sostiene que el negocio para reemplazar la actual flota de los Kfir ya fue suscrito y se encuentra en etapa de ejecución.