Corrupción en el OCAD Paz: cae red por defraudación de 3 billones y se pide investigar a 7 gobernadores.
Los exalcaldes de María La Baja (Bolívar) y La Paz (Cesar), Ramiro González y Martín Zuleta, fueron capturados junto a otras 11 personas por su presunta participación en el direccionamiento de cerca de 480 contratos, con recursos de las regalías, por más de 3 billones de pesos a través del Fondo Mixto Sierra Nevada. Compulsaron copias contra siete gobernadores
La Fiscalía General de la Nación confirmó que los exalcaldes de María La Baja (Bolívar) y de La Paz (Cesar), Ramiro González y Martín Zuleta, fueron capturados en las últimas horas junto a otras 11 personas por su presunta participación en la defraudación de más de 3 billones de pesos en recursos del Sistema General de Regalías, que se materializó en la adjudicación de cerca de 480 contratos.
Los recursos de las regalías, que son direccionados a dedo a ejecutores en el OCAD Paz -Órgano Colegiado de Administración y Decisión-, instancia en la que se adjudican millonarios recursos para proyectos de los 170 municipios PDET, habrían sido malversados a través de la empresa mixta que se los ganó: el Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’.
Entre los capturados hay un contratista y varios exrepresentantes legales, exdirectivos y exfuncionarios del Fondo Mixto. Sus detenciones se produjeron entre Bogotá, Cartagena (Bolívar), Valledupar (Cesar), Sogamoso (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Villavicencio (Meta).
La directora especializada contra la corrupción de la Fiscalía, Madeleyne Pérez Ojeda, confirmó que el fondo usó documentos falsos para constituirse como un «esquema asociativo territorial», que tuvo la finalidad de apropiarse, ilegalmente, de los recursos de las regalías.
«Este Fondo Mixto se ha desplegado en todo el país en 19 departamentos tiene al día de hoy más de 400 proyectos que suman esos 3 billones de pesos», añadió Pérez,
La coordinadora de la Unidad de Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Zeneida López Cuadrado, añadió que «estamos en un entramado de corrupción que supera los 3 billones de pesos en proyectos. Estos proyectos están en varias zonas del país y se concentran en la región Caribe y en la Orinoquía colombiana».
La compulsa de copias contra los siete gobernadores
La fiscal Zeneida López añadió que varias de las iniciativas aprobadas irregularmente habrían sido iniciativas de siete gobernadores, contra los cuales compulsó copias para que se les investigue. Ellos son Oscar Enrique Sánchez Guerrero, de Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, de Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, de Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador de Vichada; Yeison Ferney Rojas Martínez, de Guaviare; y los exgobernadores del Magdalena y del Vichada Rafael Martínez y Álvaro Arley León.
«La delegada ante la Corte ha asumido la indagación respecto de siete gobernadores de los cuales se ha determinado que pudieran tener compromisos en este proyecto que se ha venido gestando», expresó López.
Los capturados serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
Precisamente en su reciente edición del domingo, CAMBIO reveló que las irregularidades en el OCAD PAZ persistirían. Recopilamos múltiples denuncias sobre dos sesiones en las que se adjudicaron proyectos por más de 2 billones de pesos. En uno de los casos aparece mencionado Yeison Rojas, gobernador del Vichada.
Aunque el OCAD Paz, instancia en la que votan un delegado del gobierno, otro de los gobernadores y otro de los alcaldes PDET, tienen la facultad de elegir a entes territoriales para ejecutar los proyectos, muchas veces eligen a fondos mixtos, entidades que no se rigen estrictamente por la normatividad estatal sobre la contratación pública y que pueden subcontratar a su antojo.