El magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien luchó infructuosamente por su vida durante más de dos meses tras el atentado terrorista del pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, representa el mayor golpe a las garantías electorales en el país en los últimos 35 años.
Desde 1990 no se registraba en Colombia un atentado mortal contra un aspirante a la Presidencia de la República. Ese año, entre marzo y abril, fueron asesinados Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro Leongómez, el jefe del M-19 que firmó la paz con el gobierno Barco y se lanzó a la Presidencia en las elecciones de 1990. Ocho meses antes, el 18 de agosto de 1989, los narcos asesinaron a Luis Carlos Galán en una manifestación realizada en Soacha y que, a pesar del altísimo nivel de amenaza que tenía el candidato liberal, no tuvo la debida protección del Estado.
El crimen contra Miguel Uribe Turbay se da en medio de la agudización de la polarización política y del deterioro de la seguridad en la mayor parte del territorio nacional. El hecho de que uno de los principales líderes de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro fuera atacado con facilidad en plena capital de la República plantea temores aún más grandes sobre lo que será la campaña en las regiones, donde tras tres años de la ‘paz total’ los grupos armados irregulares han incrementado su poder y su nivel de amenaza.
Fantasma del pasado
El ataque sicarial del que fue víctima el senador Uribe Turbay reabrió una herida que Colombia creía cicatrizada, una que la memoria colectiva había intentado conjurar —en relatos, documentales, películas y libros como Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez— para que no se repitiera.
El miedo y la zozobra generalizada tras conocerse la noticia fueron dos de las emociones que muchos volvieron a sentir después de tres décadas, y que muchos otros, los más jóvenes, experimentaron por primera vez.
“El atentado contra Miguel Uribe nos pone frente al cruel dilema de volver sobre una historia de la que queremos escapar”, detalla Mauricio Velásquez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
El atentado contra Miguel Uribe nos pone frente al cruel dilema de volver sobre una historia de la que queremos escapar
Mauricio Velásquez -Universidad de los Andes.
Y agrega: “Desde una perspectiva histórica, este momento se siente como revivir un trauma. Muchas personas creímos que la página de la violencia política extrema estaba atrás, que ese pasado no se repetiría. Esto nos devuelve a los demonios no resueltos y a la evasiva promesa de la paz. El magnicidio de Galán, las masacres de la UP y ahora este ataque, que en realidad revive el dolor por la forma en que la violencia se llevó a su mamá, Diana Turbay, dibujan una línea de tiempo trágica que vincula pasado y presente”.
En eso coincide Luis Barragán, sociólogo y candidato a doctor en Estudios Sociales de la Universidad Manuela Beltrán: “Este hecho genera un efecto desmoralizador en la ciudadanía, en el cual la violencia termina afectando múltiples ámbitos como la desconfianza hacia las instituciones y la participación en política. Además, afecta fuertemente el diálogo democrático y sobre todo la posibilidad de generar consensos para poder avanzar en políticas públicas. Hay un gran impacto simbólico negativo para el país”.
El papel del Estado y el Gobierno
Uno de los principales cuestionamientos, que incluso llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pronunciarse, está relacionada con las razones por las que Miguel Uribe Turbay no contaba con la protección suficiente en el momento del atentado.
La CIDH le requirió al Gobierno colombiano, a través de una misiva a la entonces canciller Laura Sarabia, un informe detallado sobre las condiciones de protección del senador. Expertos consultados han explicado que lo que busca el organismo internacional es establecer si hubo omisiones o falta de previsión por parte del Estado en su deber de protección.
En ese sentido, para el profesor Mauricio Velásquez, “el atentado evidencia una persistente debilidad institucional para garantizar la seguridad de los candidatos. Estamos ante un hecho inédito: la izquierda, que ha sido históricamente víctima de violencia política —y en varios de estos magnicidios los casos han sido tipificados como crímenes de Estado—, ahora debe ser quien ofrece las garantías para la oposición”.
En palabras del profesor Enrique Serrano, de la Universidad del Rosario, el asesinato “transforma de forma dramática las campañas políticas que se adelantaron para esta segunda mitad del año 2025 y comienzos del 2026. El clima de tensión y amenaza tácitamente signado por el gobierno Petro estará como orden del día en los próximos meses”.
Para Serrano, este crimen pesa sobre “el gobierno, su legitimidad y gobernabilidad en su último año”.
Golpe al liderazgo joven
El asesinato de Miguel Uribe Turbay también es analizado por expertos como un golpe a una generación joven de líderes políticos en el país. Su carrera pública la comenzó en el Concejo de Bogotá cuando apenas tenía 25 años, y una década y media después, con 39 años, era uno de los presidenciables más jóvenes.
“Miguel Uribe representaba una renovación de la derecha, en la que se podía ser de esta corriente, pero sin esgrimir un discurso violento o que apelara exclusivamente al ejercicio de la fuerza como elemento fundamental y sustancial de la estructura social”, consideró Carlos Andrés Arias, experto en Comunicación Política.
El profesor Mauricio Velásquez lo explica de esta manera: “Millones de jóvenes crecieron en una Colombia con menos barbarie, con cifras históricas de baja violencia. Exigen no heredar los fantasmas del pasado. El atentado amenaza ese frágil presente y recuerda la responsabilidad colectiva de proteger los avances: la normalidad no puede ser negociable. Hoy los jóvenes tienen la palabra”.
Bajar el tono, algo vital
A las pocas horas del ataque del sábado 7 de junio, las redes sociales se inundaron con mensajes en busca de “bajar el tono” entre sectores políticos y medios de comunicación. Sin embargo, las acciones siguieron polarizadas y el ambiente se ha mantenido enrarecido.
Miguel Uribe representaba una renovación de la derecha, en la que se podía ser de esta corriente, pero sin esgrimir un discurso violento
Carlos Andrés Arias- Experto en comunicación política.
Los analistas coinciden en que es imperante que esto se concrete. “Ha habido una especie de acuerdo verbal, de compromiso, sin mayor consecuencia. Entonces hay que averiguar si estos gestos de buena voluntad se traducen realmente en una palabra política mucho más calmada. La mayor consecuencia si efectivamente se apaciguan un poco los ánimos es permitir que se realice un proceso electoral más tranquilo y fluido”, dice Yann Basset, doctor en Ciencia Política y experto en democracia.
En eso coincide Carlos Andrés Arias, experto en comunicación política: “Que los políticos se abstengan de caer en esa seducción que genera para las audiencias el lenguaje violento sería más apropiado para un momento de tanta conflictividad como el que estamos viviendo”.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay marca un antes y un después en la historia política reciente de Colombia. No solo resucita los fantasmas de una época que creíamos superada, sino que erosiona la confianza en la posibilidad misma del disenso democrático sin miedo.
En un país acostumbrado a convivir con la violencia, este crimen recuerda con crudeza que la política aún puede costar la vida. Si el sistema no logra responder con firmeza, serenidad y garantías reales, corre el riesgo de que las próximas campañas transiten más por el miedo que por las ideas. Y eso, más que un retroceso, sería una renuncia histórica.
Fuente: EL TIEMPO