La Interpol y 160 países lo buscan. Considerado en su momento el hombre más poderoso del gobierno Petro y dueño del partido verde. Cayó en desgracia por corrupción y huye de la justicia.
Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro, enfrenta actualmente un proceso judicial por su presunta implicación en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
Acusaciones y cargos
La fiscalía general de la Nación le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Se le acusa de haber ordenado el desvío de fondos públicos, mediante la inflación de contratos para la compra de carrotanques destinados al departamento de La Guajira, con el fin de pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo político a las reformas del Gobierno. Entre los beneficiarios de estos pagos están los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, quienes ya se encuentran presos.
Medidas judiciales
El 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención preventiva de González, considerándolo un riesgo para la comunidad y destacando su falta de arraigo en el país, ya que se presume que se encuentra en Nicaragua. Además, se emitió una circular roja de Interpol para facilitar su captura internacional.
Defensa y posición del Gobierno
González ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de «calumnias sin fundamento» y argumentando que se basan en testimonios de testigos con motivaciones políticas. Su abogado, Iván Cancino, ha solicitado la anulación de la circular roja y ha anunciado la apelación de la medida de aseguramiento. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de González a la dirección de la DNI en julio de 2024, argumentando que su cargo era incompatible con cualquier investigación judicial en curso.
Impacto político
Este caso representa un golpe significativo para el gobierno de Petro y el Partido Verde, al que pertenecía González, ya que pone en entredicho la coherencia del discurso anticorrupción del Ejecutivo y ha generado una crisis política en el oficialismo.