La Superintendencia de Transporte investiga a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en cámaras de fotodetección usadas para imponer comparendos
La operación de miles de cámaras de fotodetección en Colombia quedó bajo cuestionamiento tras la apertura de una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la aplicación de fotomultas. El proceso, liderado por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, podría dejar sin validez más de 5,8 millones de comparendos y abrir la puerta a reclamaciones millonarias por parte de ciudadanos que ya pagaron estas sanciones.
La revisión se concentra en el cumplimiento de requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, normas que regulan el funcionamiento de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones, conocidos como SAST.
Según la SuperTransporte, las irregularidades detectadas comprometen la legalidad de millones de comparendos impuestos en diferentes regiones del país. La entidad encontró que varias autoridades de tránsito comenzaron a operar cámaras sin contar con el concepto técnico obligatorio emitido por el Instituto Nacional de Metrología, documento que certifica el desempeño y confiabilidad de estos sistemas tecnológicos.
Las irregularidades que encontró el Gobierno
La investigación reveló tres situaciones principales. En primer lugar, 12 organismos de tránsito habrían iniciado operaciones sin contar con el concepto de desempeño exigido por la norma. Además, siete entidades operaron con conceptos expedidos a terceros y otras 18 obtuvieron dichos certificados después de haber comenzado a imponer comparendos.
Las actuaciones involucran autoridades de tránsito de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Valledupar, Villavicencio, Montería, Sincelejo, Sabaneta, Soledad y Villa del Rosario, entre otras.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que la decisión busca garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los
Las actuaciones involucran autoridades de tránsito de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Valledupar, Villavicencio, Montería, Sincelejo, Sabaneta, Soledad y Villa del Rosario, entre otras.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que la decisión busca garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los conductores. “Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó.
Las cifras revisadas por la Superintendencia muestran el alcance de las investigaciones. De acuerdo con la entidad, los organismos involucrados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos.
Del total detectado, 5.832.906 comparendos aún no han sido pagados y, según el Gobierno, deberán ser revocados de oficio por las respectivas autoridades de tránsito. Esa decisión podría beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos que actualmente tienen sanciones pendientes derivadas de cámaras cuestionadas.
Las mayores cifras de comparendos investigados se concentran en Cali, con cerca de 2,7 millones; Medellín, con más de 717.000; Bogotá, con aproximadamente 294.000, y Barranquilla, con más de 131.000.
¿Qué pasará con quienes ya pagaron?
Uno de los puntos que más inquietud ha generado entre los conductores tiene que ver con las personas que ya cancelaron las multas durante el periodo en que las cámaras habrían operado sin cumplir los requisitos legales.
La SuperTransporte confirmó que 1.582.398 comparendos ya fueron pagados por ciudadanos, lo que representa recaudos superiores a $1,05 billones. Sin embargo, la devolución no será automática.
Fuentes cercanas al proceso explicaron que la Superintendencia no tiene competencia para reintegrar directamente el dinero porque los recursos fueron recaudados por las secretarías y organismos de tránsito territoriales. Por esa razón, los ciudadanos tendrían que iniciar trámites individuales ante cada autoridad local para reclamar la devolución de los pagos realizados.
El procedimiento podría implicar procesos administrativos e incluso acciones judiciales, dependiendo de cada caso y de las decisiones que adopten las autoridades territoriales involucradas.
Expertos consultados señalan que las reclamaciones tendrían que adelantarse ante las secretarías de tránsito correspondientes, argumentando que los comparendos fueron impuestos en periodos donde los sistemas de fotodetección no cumplían los requisitos exigidos por la normativa vigente.
En varios casos, el trámite podría requerir acompañamiento de abogados especializados en derecho administrativo para solicitar la nulidad de las actuaciones y el reintegro de los recursos pagados.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades todavía no han definido un mecanismo general para eventuales devoluciones ni un procedimiento unificado para atender las reclamaciones de los ciudadanos
Posibles sanciones y efectos para las autoridades locales
Además de la anulación masiva de comparendos, los organismos de tránsito investigados podrían enfrentar sanciones económicas de gran magnitud.
La SuperTransporte señaló que las multas a las entidades involucradas podrían equivaler al doble de los recursos recaudados irregularmente, superando los $2,1 billones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2251 de 2022.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, explicó que las actuaciones administrativas no buscan desmontar el sistema de fotodetección ni afectar las políticas de seguridad vial, sino verificar que las cámaras funcionen dentro del marco legal.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó.
La investigación también reabre el debate sobre el uso de las fotomultas en Colombia y el alcance de los controles técnicos sobre estos sistemas. Desde la expedición de la Ley 2251 de 2022, las autoridades quedaron obligadas a cumplir condiciones específicas relacionadas con calibración, certificación y verificación tecnológica antes de poner en funcionamiento las cámaras.
El concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología es uno de los requisitos centrales porque certifica que los equipos cumplen condiciones de precisión y confiabilidad para detectar infracciones de tránsito.
La Superintendencia y el Ministerio de Transporte anunciaron que continuarán adelantando actuaciones administrativas para revisar otros sistemas de fotodetección en el país y verificar el cumplimiento de las exigencias técnicas y legales establecidas por la regulación vigente.