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    La Querella DigitalBy La Querella Digitaldiciembre 12, 2025No hay comentarios2 Mins Read
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    La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó este miércoles la condena de 21 años y 8 meses de prisión contra el exgobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por su responsabilidad en hechos de corrupción relacionados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante su mandato ejercido entre el 2012 y 2015

    La Sala Especial de Primera Instancia del máximo tribunal penal declaró que el fallo original, que condenó a Monsalvo Gnecco por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, queda en firme tras agotar los recursos ante la Corte.

    Según la decisión, el exmandatario regional actuó con dolo al permitir que se firmara y ejecutara irregularmente un contrato de suministro en 2015, por más de 17.000 millones de pesos, para la prestación del servicio de alimentación escolar en el departamento del Cesar. La Corte determinó que durante la planeación, tramitación y liquidación del contrato se vulneraron principios de planeación, responsabilidad y legalidad, lo que facilitó beneficios económicos indebidos al contratista.

    La sentencia también negó beneficios como el cumplimiento condicional de la pena y la prisión domiciliaria, ordenando el traslado inmediato del condenado a un establecimiento penitenciario bajo custodia del Inpec para el cumplimiento efectivo de la pena.

    Desde la defensa, los abogados de Monsalvo Gnecco habían intentado diversas estrategias judiciales para revertir la condena, argumentando —entre otros puntos— que la delegación de funciones durante la contratación eximiría de responsabilidad al exgobernador. Sin embargo, los magistrados sostuvieron que dicha delegación no lo exoneraba de sus deberes de orientación, supervisión y control sobre el proceso contractual.

    Este fallo marca un capítulo determinante en la lucha contra la corrupción en Colombia, dado que la condena se relaciona con un programa social crucial destinado a garantizar la alimentación de los niños y niñas en edad escolar, lo que ha generado amplia atención pública y política en el país.

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